jueves, 14 de noviembre de 2013

LOS AYUNTAMIENTOS EN PELIGRO


Desde la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos éstas instituciones se ganaron a los vecinos y vecinas gracias a un trabajo muy cercano a ellos y a sus necesidades, mediante la  prestación de numerosos servicios (educativos, culturales, sociales, deportivos, etc) de gran calidad y precio reducido. En muchas casos sobrepasando sus obligaciones y sustituyendo a las Diputaciones, Comunidades Autónomas o al propio Estado, lo que les generó un fuerte déficit económico una vez concluidos los numerosos ingresos provenientes del auge del urbanismo y la construcción.

Los que defendemos la importante tarea realizada por los Ayuntamientos en beneficio del Estado del bienestar hemos esperado que se produjera una segunda descentralización, tanto de competencias como de recursos, de modo y manera que los Ayuntamientos como institución más próxima a los ciudadanos se llenaran de competencias y recursos derivados de traspasos desde la administración central y autonómica, dada la experiencia en gestión de servicios acumulada y el ahorro en costes para el ciudadano que ello representaría.

Pues no, en contra de lo que cabría esperar el Gobierno Popular se nos ha descolgado con un Proyecto de Ley cuyo título contradice el propio contenido del Proyecto (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).

Dicha Ley representa un ataque feroz a la autonomía municipal, a sus competencias y servicios así como al Estado del bienestar y anuncia el cierre de numerosos servicios prestados a los ciudadanos desde los ayuntamientos, en el peor de los casos, o su privatización y como consecuencia su pérdida de calidad y de extensión a todos los ciudadanos independientemente de su poder adquisitivo.

Esta Ley que se pretende imponer no clarifica las competencias de los ayuntamientos, ni elimina posibles duplicidades, tampoco garantiza la financiación adecuada y lo que permite es que las empresas privadas entren a saco en los servicios que prestaba el Ayuntamiento y que a partir de ese momento serán “un negocio” con lo que ello representa y que ya estamos experimentando con  la implantación de este sistema en la sanidad o la educación. En resumen servicios para el que los pueda pagar y no para el que los  quiera o necesite.

Finalmente no puedo negar que en la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley se han logrado algunos retoques que están limando parte de las muchas asperezas que contiene, no obstante el núcleo duro se mantiene, lo que augura una pérdida real de autonomía a los Ayuntamientos así como una merma importante en la calidad y extensión de los servicios a los ciudadanos.
Un recorte más de los populares a la herencia recibida que arremete contra los derechos de la mayoría de los ciudadanos.
 
El Secretario de Política Municipal
de la Agrupación Socialista de Sevilla la Nueva
José Antonio Castaño Gila

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