lunes, 15 de octubre de 2012

ANTE LOS DESAHUCIOS EL PSOE PROPONE SOLUCIONES

 
El drama de los desahucios ha alcanzado ya a más de 400.000 familias y sigue aumentando cada día. Una sociedad democrática y con decencia no debe de dejar pasar más tiempo sin dar una solución a esta realidad.
  • En el sistema hipotecario actual la parte deudora es la más débil lo que hace que muchas familias que no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas se vean privas de sus viviendas y encima siguen sin saldar la deuda.
El Partido Socialista, tratando de dar soluciones alternativas a la crítica situación actual, ha elaborado una Proposición de Ley contra el desahucio, el sobredimensionamiento y la insolvencia familiar que ha llamado la “ley de la segunda oportunidad”, similar a la que se da en nuestro entorno europeo.
Con esta ley no se trata de legalizar el impago o la irresponsabilidad del deudor personal sino de darle el mismo trato que se le da a una sociedad o comerciante individual, sin que se le condene a la exclusión social. Es decir que el que asume una responsabilidad tiene que cumplirla pero no a cualquier precio.
Entre las medidas más significativas de la Ley destacan:
  • Se corrigen las tasaciones abusivas y estas no podrán ser superiores al valor que se de a efectos de ejecución de la garantía.
  • Se potencia la ejecución extrajudicial de bienes hipotecados con lo que se trata de dar mayor eficacia, rapidez y rebaja de costes del procedimiento judicial.
  • Se modifican las normas reguladoras del procedimiento de las subastas de modo que por ejemplo en caso de quedar desierta la subasta no se pueda adjudicar el bien por una cantidad excesivamente baja. Igualmente se establece el derecho del deudor de recibir la diferencia de precio si dicha cesión se realiza por una cantidad superior a la que se remató en la subasta.
  • Se corrigen las prácticas abusivas en los intereses de demora.
  • Se toman medidas preventivas contra el sobreendeudamiento entre otras que el préstamo no supere el 80% del valor de tasación o que el plazo de amortización no supere los 30 años.
Con esta Ley no se trata de instaurar una discutible dación en pago como única solución que deja sin vivienda al deudor ejecutado, sino de propiciar el derecho constitucional a la vivienda.
 
En definitiva la insolvencia sobrevenida no dolosa no puede seguir suponiendo una condena a la exclusión social y a la desesperanza. Tampoco debe prevalecer el principio general de libertad de empresa sobre el de protección del usuario de los productos financieros y bancarios.

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